NO al las reservas ilegítimas y antipopulares
Alejandro María Cardoso
28/02/2010
Muchos grupos políticos han expresado recientemente su oposición al llamado Fondo del Bicentenario.
El DNU del poder ejecutivo que lo creó, ha sido suspendido por la justicia luego de una solicitud de amparo, y aguarda su definición en el Congreso Nacional, una vez reabiertas las sesiones ordinarias la semana próxima.
Para conformar el Fondo del Bicentenario (FOBI), el PE nacional dispuso utilizar las llamadas “reservas de libre disponibilidad” del BCRA, a fin de cancelar deuda externa en una operación que denomina de “desendeudamiento”.
Ya sea que se compartan o no, en el rechazo al DNU los movimientos como Proyecto Sur han sido fieles a los principios que siempre enunciaron, tales como la necesidad de investigar la legitimidad de la deuda externa como paso previo a su cancelación, y de orientar el uso de los recursos al desarrollo de la infraestructura y las industrias básicas. “Ni endeudamiento, ni ajuste: desarrollo..”, expresó Pino Solanas, líder del movimiento político, lo que fue completado por el interbloque de 11 legisladores afines, cuando dijeron “No a la deuda ilegítima, reservas para el desarrollo”.
Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos de la oposición poco o nada han dicho de la naturaleza de los fondos de “libre disponibilidad” ni de conceptos análogos como el de las “utilidades del BCRA” que se transfieren al gobierno nacional, sino que sólo rechazaron aplicarlos para determinados fines, y en cambio alentaron su uso para otros objetivos.
Esta oposición no hace una evaluación explícita de la política monetaria llevada a cabo por el kirchnerismo, lo que sería muy importante de realizar en este momento de espiralizción inflacionaria -con duras consecuencias en los niveles de pobreza e indigencia- y una marcada crisis fiscal, en el que se verifican reiterados intentos del PE por apropiarse de recursos, mientras surgen corrientes de opinión que utilizando eslóganes de dudoso fundamento abogan por cambios categóricos en el funcionamiento del banco central.
Los aspectos no definidos del problema contienen posiciones ideológicas y prácticas que resultan una verdadera amenaza para la situación social, política y económica de nuestro país, por lo que requieren de una urgente clarificación y puesta en debate.
Este llamado de atención se dirige a todos, pero especialmente a aquellos con quienes comparto una constelación de valores.
Comencemos por la conclusión: No sólo hay deudas ilegítimas.
También hay recursos ilegítimos, fraudulentos y antipopulares.
Reservas de Libre Disponibilidad
Hay quienes suponen que la idea de “reservas de libre disponibilidad” que se discute actualmente viene de antaño.
Nada más erróneo. La idea de “reserva de libre disponibilidad” original, se utilizaba como un concepto patrimonial del BCRA para diferenciarlo de las “reservas generales” y de las “reservas especiales”, en concordancia con su Carta Orgánica.
Según el ordenamiento anterior, las ”reservas de libre disponibilidad” del BCRA en oro y divisas extranjeras debían ser equivalentes a por lo menos el 100 % de la base monetaria (M2). Lo de “libre disponibilidad” no se refería a que el gobierno pudiera disponer de ellas, sino a que formaban parte de la masa de recursos con que contaba el BCRA para ejecutar la política monetaria indicada en su ley de funcionamiento. Concretamente, el gobierno no tenía ninguna disponibilidad de esas reservas, ya sea que excedieran -o no- la base monetaria.
De cualquier forma, fuera del objetivo de preservar el valor de la moneda y de servir a la atenuación de las fluctuaciones de la balanza de pagos, para las autoridades del BCRA no existían demasiados incentivos a largo plazo que los indujeran a una sobre-emisión de moneda con el objeto de sobre-adquirir activos externos. Es decir, no tenían sentido a largo plazo las “reservas excedentes”.
Dicho en los nuevos términos que utiliza actualmente el gobierno, no pueden existir “reservas de libre disponibilidad”, puesto que se trataría de “reservas” que no debieron ser adquiridas.
Pero la situación se modificó sustancialmente a partir de 2005. A días del comienzo de las sesiones extraordinarias de aquél año, el gobierno de Néstor Kirchner dictó el DNU Nº 1599 del 15/12/2005 para modificar la ley de Convertibilidad. Este decreto cambió sustancialmente el concepto de Reservas de Libre disponibilidad vigente hasta ese momento, utilizando la misma frase para términos antinómicos, lo que provocó una confusión que no parece desinteresada.
El DNU deja de definirlas como aquellas reservas que se utilizan para cubrir la base monetaria, y en sentido estrictamente contrario, dice que son aquellas que superen el 100 por ciento de la base monetaria, y convierte la “idea libre disponibilidad” –que era para la política monetaria- en una autorización al PE para aplicarlas al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales, “Siempre que resulte de efecto monetario neutro”.
El gobierno logró de este modo poner el pié dentro del BCRA para apropiarse de recursos monetarios que le eran ajenos.
No se trata de una cuestión terminológica, sino de una verdadera transmutación del sistema monetario realizada en forma engañosa, e inadvertida, aun para gran parte de la oposición.
A partir de este artilugio el poder ejecutivo nacional legitimó la incorporación de recursos gratuitos, que tanto en razón de su fungibilidad como por liberar al presupuesto genuino de la carga de los servicios de la deuda, hacen una ficción de la limitación de uso establecida por el DNU.
A partir de un mecanismo perverso surge todo el incentivo para librarnos de “la paz del cementerio”, es decir, para que reaparezca la inflación y el impuesto inflacionario.
La existencia sistemática de “reservas de libre disponibilidad” (según la nueva definición) por montos multimillonarios, implica un desmanejo inflacionario deliberado del banco central que le sirve al gobierno para obtener recursos no tributarios.
El BCRA emite deuda gratuita (la moneda) para adquirir divisas, y lo hace en un nivel tal, que supera la demanda de moneda, lo que provoca inflación (entre el 15 al 30% anual), que hace decrecer la relación de la base monetaria sobre las reservas (ya que la base monetaria se deprecia, mientras que las divisas aumentan). Como consecuencia de esto, surgen las “reservas de libre disponibilidad” para el gobierno.
Según esta definición, ¿Cuál es el monto de recursos inflacionarios que se encuentran disponibles para el PE? Más de 16000 millones de dólares, según algunos cálculos, es decir, ¡Sesenta y dos mil cuatrocientos millones de pesos de inflación! Sorprendente., ¿verdad?
Pasemos al segundo de los siniestros mecanismos:
Traspaso al Tesoro del Impuesto Inflacionario
El Modus Operandi es el siguiente: Como resultado de la emisión monetaria (deuda que no devenga intereses y que va licuándose por vía inflacionaria, y del mantenimiento de activos que sí los devengan y no se deprecian (reservas en “moneda fuerte” sobre el exterior, entre otros), el banco central obtiene ganancias patrimoniales que son transferidas al gobierno nacional. Esta es la “transferencia de utilidades”.
Así, existe una relación directa entre inflación y utilidad: cuanto más inflación, mayor utilidad del BCRA ¿Pueden imaginarlo?
En condiciones de equilibrio monetario las presiones inflacionarias derivadas de la adquisición en exceso de divisas con emisión podrían neutralizarse esterilizando los “pesos no demandados” a través de la emisión de pasivos a interés, como los títulos Lebacs y Novacs. En tal circunstancia, el incremento del costo de los pasivos y la inexistente licuación inflacionaria haría disminuir a un mínimo las utilidades transferidas al gobierno.
Por desgracia, no es esto lo que ocurre. La inflación es un recurso deliberado del gobierno. Se está por verificar una transferencia de “utilidades” del BCRA del orden de los 25000 millones de pesos, un recurso “gratuito” para el gobierno, y que a la población ha pagado con un intolerable aumento de la pobreza y la indigencia que los índices oficiales se encargan cuidadosamente de no registrar.
El impuesto inflacionario
El impuesto inflacionario requiere de una economía inflacionaria formal, lo que explica la pertinaz manipulación del IPC, que ingenuamente en un comienzo se entendió vinculada a la indexación de los títulos de refinanciación de deuda pública.
Sumando sólo estas dos fuentes de financiamiento inflacionario (hay otras, la licuación de pasivos generales del estado, y los adelantos transitorios, que no describimos aquí ), el gobierno suma un total de 22.000 millones de dólares. Supongamos que de esta cifra, se devenguen en un año sólo USD 13.000 millones o 50.700.000.000 de pesos. Visualicémoslo.
Al cambio actual, esta cifra equivale a:
· 338.000 millones de raciones de comedores escolares, a precio de la asistencia social estatal. (¿hambre en argentina? ¡Ni siquiera en Latinoamérica!)
· 23.472.222, subsidios a la niñez a $ 180 por niño, es decir, tres veces más que lo necesario para un subsidio universal a la niñez, que no es otorgado en Argentina.
· 507.000 viviendas sociales que beneficiarían a más de dos millones de personas por año.
· Un aumento de jubilaciones de más de 1000 pesos por mes para cada jubilado, que en promedio recibió $ 70 de incremento en sus haberes para afrontar 6 meses de suba de precios.
· La contratación de casi 1.056.250 policías con un costo promedio de 4000 pesos. Esto equivale a un policía cada 40 habitantes, en lugar de 1 policía por cada 250, como ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires.
· El sueldo de casi 2.000.000 de maestros de grado con diez años de antigüedad, de los anunciados por la presidente en la paritaria nacional reciente.
· Casi 900 pesos por cada uno de los –supongamos- 5.000.000 de indigentes, o $ 3600 a cada grupo familiar tipo.
· Elevar de $ 350 a más de $ 2000 el subsidio por desempleo que reconoce el gobierno.
· En fin, un incremento medio (o un aporte, si usted lo prefiere) de casi 300 pesos mensuales por cada persona (ocupada o no) que forme parte del la población económicamente activa.
· Un subsidio (o un aporte al estado, si usted lo prefiere) de casi $ 1300 anual por cada habitante de nuestro querido y difícil país.
Dejo a mis compañeros de ruta el cálculo las posibilidades de conversión de estos activos monetarios en activos productivos. No olvidemos que existe otro presupuesto, el presupuesto “legítimo” con disposición de recursos adicionales e independientes de estos.
Y no olvidemos que estas cifras gigantescas provienen de la renuncia del “Estado”, de la confiscación ilegal e ilegítima. De un verdadero “dinero sucio” que en algo se parece a las joyas confiscadas a los prisioneros de Auschwitz.
RESERVAS y reservas
Las reservas excedentes genuinas provienen de un acto virtuoso, el superávit fiscal. Oros recursos se obtienen con deuda. Pero el gobierno agotó las fuentes “obligatorias” de endeudamiento y carece de acceso al mercado voluntario. Pero esta no es la discusión.
Los activos monetarios sobre los cuales se está discutiendo, estos activos llamados “reservas” (con minúscula), son ilegítimas e inmorales, pues provienen de la financiación del desequilibrio fiscal a través del impuesto inflacionario, e implica una expropiación masiva de las rentas fijas como los salarios de los obreros y empleados, las jubilaciones, las rentas de los cuentapropistas, los subsidios a la indigencia y niñez, la comida y los servicios básicos de los pobres y de los indigentes, entre otros.
Reflejo de la incapacidad macroeconómica del gobierno, la emisión excesiva es un impuesto despótico, recesívo y caótico, que también expropia el capital existente, y en especial a los pequeños ahorros, y destruye el crédito. A veces llamado “almuerzo gratuito”, no pueden ocultarse las consecuencias antipopulares de su existencia.
La financiación del estado se vuelve oscura, autoritaria y poco transparente. Viola la atribución que en exclusiva tiene el Congreso para la fijación de tributos, y además de su daño, como recurso ni siquiera se reparte entre las provincias, contribuyendo a la “tiranía de la caja” y no a una democracia republicana.
Presa de sus errores, al gobierno sólo le queda el impuesto inflacionario para financiar sus desequilibrios, y por eso avanza sobre el Banco Central.
“La estabilidad monetaria en un país sin crecimiento es como la paz de los cementerios” dijo días atrás nuestra “progresista” presidente, defendiendo el “impuesto inflacionario”. No está demás recordar a los desmemoriados que los países que crecen lo hacen con inflaciones infinitamente moderadas, sin sufrir tal mortuoria paz, sino bienestar social y salud macroeconómica.
Adviértase que las reservas de libre disponibilidad y las utilidades del BCRA suman más de 50.000.000.000 de pesos, una cifra escandalosa que este “progresismo” le ha quitado a los pobres, los indigentes, y a la clase media sin solicitarle autorización a sus representantes: el parlamento nacional.
Pero la oposición tiene mucho por hacer. Debe rehabilitarse una política monetaria coherente y eliminar el impuesto inflacionario.
Para ello es necesario regularizar el BCRA, cuyos objetivos no son autónomos. Deben ser fijados por los representantes del pueblo a través de los preceptos constitucionales o a través de una ley. Nuestros legisladores nacionales no han tomado conciencia de la atribución exclusiva que la Constitución le atribuye al Congreso de la Nación en el ejercicio de la soberanía monetaria (art. 75 inc. 11) y la defensa del valor de la moneda (Art. 75 inc. 19). Es el Congreso quien delega en el Banco Central el ejercicio de esta potestad. Sin perjuicio de la razonable y obligatoria coordinación con las autoridades económicas, es el principio de la separación de poderes el que justifica una autarquía relativa del BCRA, que implica que éste no debe recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
Definiciones de cara al pueblo
Los partidos opositores se encuentran obligados a fijar una posición clara.
¿Acepta su partido que el ejecutivo se haga de recursos “gratuitos” mediante el más perverso y regresivo de los impuestos, la inflación?
¿Acepta su partido que sin contraprestación un gobierno se expropie del salario, las rentas, y el capital de la población?
¿Acepta su partido que un gobierno cree condiciones que socaven las posibilidades futuras de bienestar social?
¿Acepta su partido que se imponga un impuesto ilegal, antidemocrático y regresivo que no cuenta con la aprobación de los representantes legítimos del pueblo en el congreso?
¿Qué posición adopta un partido opositor frente a la falta de transparencia de la inflación como recurso?
¿Qué posición adoptamos frente a la concentración de recursos en manos de un gobierno central que empobrece a su sociedad y desvirtúa las instituciones democráticas mediante la acumulación de cada vez más recursos?
¿O es que un partido de oposición sólo debe opinar de la forma en que debe repartirse el botín?
· Digamos NO al las “reservas” ilegítimas, fraudulentas y antipopulares.
· Digamos NO al impuesto inflacionario.
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