El crimen del callejón oscuro

El desacatamiento de fallos de la Suprema Corte argentina significa la sustitución del Estado de Derecho por una “constitución de facto” representando un verdadero Golpe de Estado, que no ha sido apropiadamente denunciado

Demasiado silencio. El gobierno de Cristina Kirchner ha decidido traspasar sin ambages la línea que separa la democracia del autoritarismo,  ante una sociedad narcotizada por la inflación, unos partidos políticos ocupados en recomponer alguna línea a partir de sus fragmentos, la inexplicable pasividad de los  “monopolios” de medios opositores,  y la previsible complicidad de la prensa para-gubernamental.

Como perpetrado en un callejón oscuro, y sin que nadie sepa aún del crimen,  el alzamiento del PE contra varios fallos de la Corte Suprema, supone pura y llanamente la ruptura del orden jurídico republicano, a través de la apropiación de la función judicial por el poder ejecutivo. A plena luz del día, comienza a operar la fatídica “constitución de facto” propia de los Golpes de Estado.

Ya sin máscaras, el gobierno prepara el remate popular de la Corte Suprema de Justicia organizando actos de “repudio” en su contra, alentando así la sedición social, en lo que algunos pocos ya anticipan como la utilización del contraejemplo del modelo Hondureño.

Todo aquí es “construcción del relato”, como le gusta decir al matrimonio gobernante.

Es que en el “relato” argentino el crimen que denunciamos requiere de los símbolos atávicos de nuestra historia: calles tomadas por tanques de guerra, y los medios de comunicación en cadena nacional para emitir  “comunicados” ominosos.

Sin cambio de autoridades, pero trocando república por autoritarismo, debemos ser claros en denunciar el acto por su verdadero nombre: Golpe de Estado. La variante constitucional dirán, si, pero Golpe de Estado.

Promovida la conmoción interior por el gobierno nacional, quedará habilitada la suspensión de las garantías constitucionales, a través de la declaración de un Estado de Sitio.

La lectura de estos hechos como una escalada antidemocrática, no es inconsistente con los rasgos personales del matrimonio gobernante, tomados hasta ahora como “estilo” y no como un proyecto, que quizás esté comenzando a consumarse.

El poder judicial, la sociedad civil, la oposición política, y los medios de comunicación, carentes de toda garantía de racionalidad gubernamental  deben asumir la emergencia con la seriedad que ésta merece,  y no abandonarse a una moderación inocente, basada en una normalidad que ha dejado de existir.

Todos los mecanismos de defensa de la Constitución deben ser puestos en marcha. Y todas las advertencias, realizadas.

Quienes interrumpan el pleno ejercicio del orden constitucional serán  considerados infames traidores a la patria, y sus actos declarados de nulidad insanable. Son éstas, las disposiciones imprescriptibles de nuestro orden jurídico en defensa del Estado de Derecho.

Después de todo, para evitar este calificativo el gobierno sólo tienen que hacer algo simple: cumplir con la Constitución, y respetar las decisiones de un Tribunal Supremo,  que el mismo gobierno se vanaglorió de recomponer.

Pero debemos comenzar llamando a las cosas por su nombre: al desacatamiento: Golpe de Estado,  y al gobierno: Golpista.

Y no dejar que estas violaciones se menosprecien, y mucho menos se oculten, como si fueran un crimen perfecto, cometido en un callejón sórdido y oscuro.